¿Ir a la cárcel por desinformar? El dilema de Brasil

Es una tormenta perfecta. Por un lado, una contienda presidencial polarizada entre un candidato de derecha y otro de izquierda. Por otro lado, una institucionalidad desprestigiada por graves escándalos de corrupción. Además, una ciudadanía que usa intensa y masivamente las redes sociales en su día a día, especialmente Facebook y WhatsApp. No es Colombia: es Brasil.

El temor en el país es que la desinformación y la manipulación influyan en el resultado de las elecciones de octubre próximo, y la solución que algunos proponen es la ‘mano dura’. Varios proyectos de ley buscan convertir en delito —con pena de cárcel— la difusión de contenidos engañosos o falsos, y algunos funcionarios han propuesto aplicar algunas leyes de la década de 1970.

Estas normas no solo fueron planeadas para una época en la internet no hacía parte de la ecuación, sino también tienen “una mentalidad antiterrorista de la dictadura”, como escribió Rafael Zanatta, líder del programa de Derechos Digitales del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor.

Los defensores de estas medidas dicen que, al final, el objetivo es defender la democracia. “A veces la preocupación excesiva respecto de la libertad de expresión termina violando un principio más importante: el democrático”, le dijo al New York Times Luiz Fux, el jefe del Tribunal Supremo de Brasil.

Fux incluso señaló que, de acuerdo con las nuevas reglas, la elección de un candidato que gane la presidencia utilizando contenidos desinformativos puede ser anulada. "Una propaganda que busca destruir el candidato ajeno configura un abuso de poder que puede llevar a la casación”, afirmó, según informa la agencia EFE.

Pero el alcance de esas medidas aún no es claro: se han hecho tantas propuestas que no se sabe qué podría ser aprobado. Además, los activistas de los derechos digitales en el país temen que estas iniciativas sean usadas para sofocar la libertad de expresión en el país.

El paquete de medidas “podría fácilmente ser usado para la censura”: Mariana Giorgetti Valente, activista.

El paquete de medidas “podría fácilmente ser usado para la censura” pues usa una definición muy amplia de ‘noticias falsas’, dijo en un correo electrónico Mariana Giorgetti Valente, directora de Internetlab, una ONG brasileña de derechos digitales. También se ha propuesto que sean las plataformas tengan parte de la responsabilidad penal si son usadas para desinformar. “Esto podría tener consecuencias importantes para la libertad de expresión”, dijo Zanatta en un correo electrónico.

Por un lado, podría imponer mecanismos de censura previa para los usuarios, y por otro, podría llevarlas a cambiar sus algoritmos de un modo “igualmente engañoso e incluso más dañino y oscuro, ya que no estaría sujeto a ninguna supervisión”, según una carta abierta firmada por 38 instituciones defensoras de los derechos digitales en toda Latinoamérica.

Por ahora, como dice Valente, las medidas están “durmiendo”, en parte porque los activistas han hecho presión para que no avancen, y en parte porque, según lo plantea el New York Times, “es poco probable que los legisladores aprueben una legislación controvertida antes de la elección”.